Cuando un grupo de profesionales decide reunirse para tratar sobre la calidad y la sostenibilidad de un tratamiento, es que algo peligra: o el bien hacer o la viabilidad o ambas cosas.
Tenemos serios motivos para pensar que algo raro pasa en el ámbito del tratamiento sustitutivo renal, trasplante aparte. Efectivamente, con una ley que asegura la capacidad del paciente para participar en la elección de alternativas, con unas diálisis perfectamente desarrolladas en todos sus aspectos y con unos profesionales preparados para gestionarlas, la evolución española de los últimos 30 años no se entiende. Me refiero a que no se entiende que la prevalencia de pacientes en hemodiálisis no haya bajado del 91% en tres décadas. Y se entiende menos todavía que muchos hayamos hecho los deberes en nuestra área sanitaria, con proporciones aproximadas del 20-25% de pacientes en diálisis peritoneal (DP), mientras otros se mantienen en el 0-5% de sus pacientes. Flagrante el caso que algunas administraciones mencionan cuando les culpamos a ellas de este desequilibrio, y responden que cómo se explica que bajo el mismo administrador un hospital trate con DP al 30% de sus pacientes y el de el barrio de enfrente al 0%. Cuando contamos estas cosas a personas de fuera del ámbito siempre responden lo mismo: intereses (y tal vez algunos no confesables).
Interés puede ser salvaguardar de la imagen pública las limitaciones que uno mismo se reconoce, o en el otro extremo verdaderos intereses personales en el rendimiento de la actividad privada en HD. Entre medias hay más tipos de intereses.
A raíz de la reunión sobre Calidad y Sostenibilidad del Tratamiento Sustitutivo Renal, celebrada los días 17 y 18 de Junio de 2009, algunos de los participantes sugirieron la posibilidad de realizar una publicación especial en la revista Nefrología. Este es el resultado
